José Luis Palacio escribe en VN un apasionante reportaje sobre  Los nuevos samaritanos en la España de los recortes, el paro, la exclusión social y la desigualdad creciente. Así la doctora Mónica Fuster, religiosa de los SS. CC., pasa consulta de atención primaria en el barrio de Lavapiés (Madrid), donde casi todas las personas sin tarjeta sanitaria son atendidas, porque las consideran dentro de los supuestos previstos por la ley o se interpre an las normas de modo amplio y generoso. La plataforma Yo, sin sanidad universal organiza brigadas de voluntarios que acompañan y guían a los inmigrantes, a los que se les niegan ciertas prestaciones, por el laberinto de la Administración. La Sociedad de San Vicente de Paúl -Gonzalo Gracia, Carmen Muñoz…- ha puesto en marcha un servicio de información y orientación a esos mismos inmigrantes. Muchos profesionales, entre ellos cristianos como Javier Barbero, psicólogo clínico en el hospital de la Paz, de Madrid, y de larga experiencia con los religiosos camilos, reconoce, muy crítico con el Gobierno, que hay cristianos que han hecho objeción de conciencia a los reglamentos e instrucciones, atendiendo a personas sin tarjeta sanitaria, porque hay motivos de sobra para ello. Los responsables públicos hacen la vista gorda por ahora en la mayoría de los casos, pero eso no es la solución deseada, confiesa, porque no tienen economía suficiente y no pueden prestar servicios indefinidamente sin pasar factura a la Administración. Pero su fe les exige misericordia y no pueden mirar a otro lado, cuando sufren los más vulnerables. El director del Departamento de Pastoral de la Salud, de la Conferencia Episcopal Española, Jesús Martínez Carracedo, se  pregunta si no habrá que distinguir entre inmigrantes ricos, destinatarios del llamado “turismo sanitario”, e inmigrantes pobres y sin papeles, que sólo se acercan a una institución sanitaria cuando no tienen otro remedio, y recuerda la doctrina de los obipos españoles desde 1986 sobre la atención que se les niega ahora con una visión cortoplacista a quienes aportan también al sistema, al menos, sus impuestos indirectos, gastos de copago y otros gastos. ¿Es legal -se pregunta- criminalizar a estos profesionales o a la institución que se salta la ley frente a un deber de justicia con el necesitado?. Y ahí está el dispensario de San Agustín, que regenta la parroquia del mismo nombre, a cargo de los  padres capuchinos, que lleva cerca de medio siglo en el barrio de Cuatro Caminos, con 25 voluntarios entre médicos y especialistas, al servicio gratuito a inmigrantes, aun antes de que existiera la Seguridad Social como la que hoy existe. Hasta el SAMUR le lleva pacientes que necesitan medicación. Sor Olvido y Sor Guadalupe, religiosas veteranas, que trabajaron antes en países lejanos, los recuerdan ahora en el barrio madrileño. Las filas de los pacientes que esperan son más prietas que nunca, pero también lo son las de los voluntarios, algunos de primera categoría profesional. Los Nuevos Samaritanos.- Hoy aparece en la prensa navarra la noticia de que el Tribunal Constitucional, por una vez,  ha levantado la suspensión sobre la ley navarra de asistencia sanitaria gratuita, recurrida por el Gobierno de la Nación. Una norma que reconoce el derecho a esta asistencia a los que residan en Navarra, sin límite de tiempo e independientemente de su situación legal. El Tribunal levanta la suspensión, decidida en diciembre pasado, por no haberse probado por el abogado del Estado que ello conlleve un perjuicio económico,  y porque el derecho a la salud y a la integración física de las personas afectadas y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad poseen una importancia singular en el marco constitucional.