La adolescente chilena Valentina Maureira, de 14 años, diagnosticada con fibrosis quística, paciente en el  hospital clínico de la  Universidad Católica de Chile, y que apenas puede  respirar, quiere morir.  Necesita un triple trasplante de pulmón, hígado y páncreas, y hasta el momento no se han encontrado donantes compatibles; pero, aunque se encontrasen, su peso de 35 kilos no lo permitiría. Visitada por la presidente de la República, Michelle Bachelet, esperaba que ésta  le autorizase una inyección para quedarse «dormida para siempre». Pero en  Chile este procedimiento no está autorizado por la ley. La Conferencia episcopal, como el arzobispado de Santiago han mantenido un llamativo y respetuoso silencio. Distinto es el caso de la argentina Camila Sánchez, niña de tres años, que nació en un estado vegetativo. Tres comités de bioética afirmaron que el estado de la nlña era irreversible, pero los médicos no podían desconectarla del respirador que la mantenía  con vida, porque ante la ausencia de una ley tal acto se consideaba un homicidio. Sus padres iniciaron el proceso que llevó al Congreso de los Diputados a aprobar una ley que garantizara a los enfermos terminales el derecho de rechazar terapias que prolongaran su agonía. La ley fue publicada en el Boleín Oficial el 24 de mayo de 2012, y, el 7 de junio siguiente, Camila fue desconectada. Los padres encargaron una misa en memoria de la niña en el famoso santuario de Nuestra Señora de Luján.