Casi un millón de electores brasileños ya han firmado el proyecto. Faltan 300.000 para que pueda ser enviado a la Cámara de los Diputados. Encabezadas por el Movimiento de Combate de la Corrupción Electoral (MCCCE), varias entidades sociales del Brasil, entre las que está la Iglesia Católica, quieren impedir candidaturas de políticos con dudas pendientes de la justicia. Si el bendito proyecto (anteproyecto, en términos jurídico-políticos) se aprueba, la nueva ley impedirá que se presenten a las elecciones candidatos condenados por delitos graves, como racismo, homicidio, estupro, tráfico de drogas, desvío de dineros públicos… La ley también castigará a parlamentarios que renunciaron al cargo para evitar la apertura de procesos por quiebra del decoro o la falta de respeto a la Constitución, y a personas condenadas en representaciones por compra de votos o uso electoral de la maquinaria administrativa. Desde el MCCCE nos dicen que son optimistas porque hay un clamor de la sociedad por el caambio de perfil de los políticos. Ojalá. Y que cunda el ejemplo del mayor país de Iberoamérica.