El recientemente constituido Foro Libertad y Alternativa (L&A) ha requerido al Ministerio del Interior, a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para perseguir el cobro de indemnizaciones a los condenados por terrorismo de ETA. Para ello ha solicitado los expedientes de las sentencias condenatorias para revisar cada caso, poniendo sus servicios jurídicos al servicio de las víctimas del terrorismo.

La iniciativa se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que determina que la responsabilidad civil es imprescriptible, al declarar que tales indemnizaciones pueden ser reclamadas independientemente del tiempo transcurrido.

El Foro recuerda que muchos de esos condenados por su vinculación con ETA ocupan hoy cargos en instituciones, asociaciones y empresas, y tienen ingresos y patrimonio suficientes para hacer frente, al menos parcialmente, a los daños materiales y morales que causaron.

Si el Estado, contra el cual lucharon furiosamente tales asesinos y sediciosos no es capaz ni siquiera de hacer cumplir un deber tan grave como imprescriptible, ¿cómo no podrían sospechar, sobre todo las víctimas, que algunos, al menos, de sus administradores pretendan también difuminar la realidad auténtica de la banda terrorista, blanquear a sus herederos, favorecer la equidistancia, la relativización, el olvido, hasta la mismísima justificación, del terrorismo?