El organismo nacional, Fiscalía General de Estado, que lidera la ex ministra de Justicia, la mil veces criticada, polémica y malcarada Dolores Delgado, lanzaba, el 19 de mayo, un Informe sin precedentes atacando y ninguneando la investigación del bufete Cremades-Calvo Sotelo, con sus 28 expertos internacionales, encargado por la Conferencia Episcopal Española de investigar los casos de abusos a menores cometidos en el ámbito de la Iglesia Católica: Deben descartarse y considerarse de escasa utilidad las auditorías o investigaciones parciales encomendadas por parte de la iglesia a despachos de juristas privados, donde las víctimas adolecen del espacio seguro donde narrar su vivencia y se les insta a rellenar un formulario donde se refiera a ellas con el término «afectados», según elinforme adelantado por El País.

No parece que la Oficina del Defensor del Pueblo, que regenta Ángel Gabilondo y tiene ese mismo encargo por parte del Gobierno español, haya recibido de buen grado tan intemperante intromisión, propia de la Fiscalía delgadesca, ya que, tras recibir el mismo Informe, ha recordado al Ministerio Fiscal que ya había ordenado, desde hacía meses, a los 17 fiscales superiores de España que le remitiesen los casos abiertos. La misma Fiscalía había confirmado las 68 causas en trámite de investigación por agresiones y abusos sexuales en congregaciones, colegios, parroquias y otras instituciones religiosas, frente a los 15.000 en toda España, vinculadas al ámbito familiar y a otras entidades: colegios públicos, polideportivos, academias…

Por otra parte, el mismo Informe recomendaba la creación de oficinas de atención a las víctimas y la revision de los protocolos de prevención en las instituciones religiosas para facilitar la intervención judicial inmediata, algo que ya se contempla en las Guías de actuación de congregaciones y diócesis.  El equipo de Gabilondo respondió un día después a la Fiscalía que tiene previsto crear una oficina de atención y un buzón electrónico para que las victimas contacten con la institución, para lo que contará con una docena de personas. Ambas medidas ya están por cierto en marcha en todas las diócesis católicas, desde mayo del 2020, por mandato del papa Francisco.

Mientras tanto, El País, vanguardia del progresismo y del antieclesiaslimo, cuando conviene, sigue con su campañita sectaria  -un caso cada día para que la causa no decaiga- olvidándose de los miles de víctimas de abusos en colegios públicos, academias, institutos, universidades, polideportivos, gimnasios… y sobre todo en el  ámbito familiar, donde se dan la mayor parte de tales asquerosos, repugnantes, criminales abusos. Pero es tan fácil, y tan progresista, acusar a obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas…. ¡Y tan comprometedor hacerlo a educadores laicos, educadores físicos, responsables de centros deportivos, deportistas, políticos de todos los grados…! ¡Ah, y sobre todos a padres y madres, tíos y tías, abuelos y abuelas, sobre todo algunos y algunas, tan conocidos, tan conocidas…!