Le costará mucho al PP justificar el plante ante el anunciado acuerdo sobre la urgente  renovación del CGPJ y del  Tribunal Constitucional y rechazar al mismo tiempo la acusación de querer apoderarse, durante cuatro años, de la mayoría en los dos órganos, que no le correspondía. Y le costará mucho menos al presidente del Gobierno mantener la acusación anterior  y seguir defendiendo a la vez la rebaja de penas al delito de sedición, argumentando que en los países de nuestro entorno se merece un castigo menor. Esto no es cierto, pero el presidente del Gobierno y todos sus infinitos portavoces parten con la ventaja de que muchos españoles no ven qué tienen que ver una cosa y otra, sobre todo cuando desde la otra parte no han oído muchas veces decírselo.

Y, sin embargo, sí tienen mucho que ver. Desde el malhadado Estatut de 2006, obra de Maragall y Zapatero, las competencias o las  trasferencias de la Justicia a la Generalitat han sido una de las exigencias del nacionalismo (incluido el PSC) y del separatimo catalán. Imaginemos qué hubiera sido todo lo que han perpetrado los golpistas catalanes desde el año 2012 hasta ahora, si la Generalitat hubiera tenido las competencias en Justicia. Lo que entonces no lograron, gracias a los recortes del TC, han anunciado cien veces los portavoces sanchistas, con la amplia complacencia de aquellos, que lo intentarían por medio de las leyes correspondientes votadas en Cortes con la mayoría de los ya clásicos socios de investudura. Pero para ello faltaba la asistencia, no digo más, del CGPJ y del TC. ¿Qué hubiera sido del conflicto catalán sin la actuación durante esos últimos años de esos dos órganos de la Justicia en España?

Añadamos que la reducción en el Código Penal del delito de sedición iba este año, sin ningún pudor y hasta proclamada por la Ministra de Hacienda, en la subasta presupuestaria anual de Pedro Sánchez con sus socios nacionalistas-separatistas: por X números de votos, para ti este trozo del Estado; para ti, este trozo de la Nación: cambios en el código penal, número de presos trasladados a cárceles vascas, competencias en prisiones, selección nacional de pelota… Pero  estas y, sobre todo, competencias o transferencias mayores no son posibles,  o no son fáciles de conseguir y de mantener sin la obligada o demandada intervención, diecta o indirecta, del CGPJ, y especialmente del Tribunal Constitucional. El intento de reducir las penas de la sedición (verdadera rebelión en términos políticos), y más en el ámbito de la discusión parlamentaria del presupuesto, es una desautorización pública del TC, un cuestionamiento del Poder judicial, una erosión de la división de poderes… ¡¡mientras, por otro lado, se alardea de querer renovar el órgano de gobierno de los jueces!

Por lo tanto, mucho dependerá, a la hora de asignar la  responsabilidad  entre los dos grandes partidos por no haber renovado los órganos superiores de la Justicia española, de la importancia que se le dé al problema del independentismo catalán y a los medios necesarios para enfrentarse democráticamente con él. Unos lo pondrán en primer lugar y otros no querrán ni nombrarlo. Todos apelarán al precepto constitucional. Pero unos a uno y otros a otro.

PD. A última hora me entero de que Feijó, al cerciorarse por el mismo Sánchez del empeño gubernamental por reducir las penas de la sedición, le propuso continuar negociando la reforma del CGPJ y de aquellos delitos que afectan a la Constitución y a la unidad de la Nación, como el de sedición y el de rebelión, pero que el presidente no se comprometió a ello.