Digan lo que digan y hagan lo que hagan, quienquiera que lo haga y que lo diga, los golpistas independentistas catalanes delinquieron directamente contra la Constitución de la Nación (sus dos primeros artículos) y las leyes complementarias, preparando una insurrección violenta, aunque sin la violencia de las armas, incluyendo un falso referéndum de autodeterminación, que declararon vinculante, y una declaración de independencia de toda una Comunidad Autónoma desde la misma presidencia de la Genaralitat, cuyo presidente era el representante ordinario del Estado en la misma. Cuando todo eso se hizo, lo que se hizo se llamaba y era rebelión y sedición. Luego, por pruritos técnicos, no se llamó rebelión, por la ausencia de armas, y ahora le quitan el nombre de sedición y lo llaman desórdenes públicos agravados (¡).

Pero el hecho no se puede cambiar, permanece para siempre. Se puede desvirtuar, tergiversar, falsear, olvidar la historia. Pero la historia no se puede cambiar. Lo que en nuestro Código se llama rebelión, aun sin armas, y sedición en países cercanos al nuestro se llama alta traición y se penaliza con gravísimas penas, si es que los partidos independentisats y comunistas son permitidos por las Constituciones respectivas. No es verdad que lo llamen desorden público. como puede ser una huelga violenta o un incendio provocado.

Y los sediciosos, los rebeldes sin armas, los no arrepentidos, los que dicen que lo volverán a hacer -ahora, con menos miedo que antes- siguen siendo los que entonces fueron. Ellos mismos se encargan de decirlo a todas horas.

Lo que  tenemos que preguntarnos es si el intento del presidente del Gobierno de rebajar la pena, negar su gravedad, facilitar un nuevo golpe, dejar desarmado jurídicamente al Estado, ningunear el discurso del rey de 3 de octubre, y desprestigiar al Tribunal Supremo y toda Justicia española ante la opinión pública española y europea, y especialmente ante los tribunales europeos, a cambio del voto positivo de los  partidos  independentistas a una ley de prespuestos y del fin último de permanecer el poder, no es igualmente un delito de alta traición.