Por fin, en esta Justicia europea de paso de oca, habló el TJUE, el Alto Tribunal Europeo de Luxemburgo, y respondió al juez Llarena, que se vio obligado a preguntar por las causas por las que los tribunales belgas y alemanes no cumplían la euro orden del Tribunal Supremo Español. Si cualquier tribunal europeo puede dudar del sistema judicial de un país miembro, porque no coincide en todo con el sistema del país  donde reside el tribunal ejecutor, ¿para qué la ODE,  o euroorden  de detención europea?

No creo que de nuevo la justicia belga, pese a ser del Estado inestable y fracturado que es, pueda afirmar que las insuficiencias democráticas en España sean sistemáticas y generalizadas, única condición para rechazar una euroorden cualquiera, y que en nuestro país los delincuentes no puedan tener un juicio equitativo. Pero el júbilo, por interesado y simulador que sea, con que tanto Puigdemont como su abogado han recibido la sentencia nos lleva a dudar de si no han visto algunos resquicios a la hora de interpretar aquella a su favor. Y es sobre todo la alusión al tribunal como autoridad judicial competente que deben tener todos los acusados para que la detención pueda tener lugar.

¿No es el Tribunal Supremo de España el tribunal competente para juzgar a unos delincuentes que quieren quebrar el orden constitucional y desgajar una Comunidad Autónoma del Estado Autonómico? ¿No es ese mismo tribunal el competente para juzgar a unos diputados españoles en el Parlamento Europeo? Si en ningún texto, español o europeo, eso está escrito, es decir, carezca de base legal, parece que lo esté en el código del sentido común y de la razón natural.

Con todo, el estado del espacio de cooperación judicial europeo (2002), en este punto clave de nuestras relaciones como miembros de la Unión, es todavía lamentable: por la falta de claridad, por la ausencia de firmeza de la Comisión, por la lentitud del procedimiento… Como dice bien la sentencia del TJUE,  los principios de confianza y reconocimiento mutuos entre los Estados miembros constituyen la piedra angular del sistema de cooperación judicial.

Y todavía está el final por ver. No es seguro que se envíe desde España una nueva euroorden. Y está por dirimir en el mismo tribunal europeo la polémica inmunidad parlamentaria de los tres golpistas prófugos, de la que les despojó el Parlamento Europeo. Por lo que la tortuga de Zenón de Elea llegará antes que la sentencia final del TJUE.