Antes de Semana Santa, la Oficina del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), desde su Delegación para América Central y el Caribe, pidió al Gobierno de Nicaragua que permitiera la celebración de procesiones religiosas, pues su prohibición generalizada viola la libertad religiosa, que exige que todas las personas puedan ejercerla individual y colectivamente, tanto en privado como en el ámbito público.

Desde el inicio de la Cuaresma, en febrero, el presidente de la República de Nicaragua Daniel Ortega, había informado, a través dela policía nacional, a los sacerdotes nicaragüenses de la prohibición de llevar a cabo los oficios religiosos fuera de las parroquias. Pero, pese a la prohibición de la ONU, la prohibición se mantuvo,

Ahora bien, los templos se llenaron de fieles más que nunca en  toda Nicaragua, y el cardenal arzobispo de  Managua celebró el Vía-crucis del Viernes Santo alrededor de la catedral sin incidentes, y con presencia masiva de fieles.

Mientras tanto, el Gobierno dictatorial de Ortega-Murillo sigue expulsando sacerdotes y religiosos del país y mantiene en prisión al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años por traición a la patria, que se negó a ser deportado a los Estados Unidos de América junto a otros muchos ciudadanos. El nuevo régimen sandinista sigue persiguiendo a la Iglesia, que se atreve a resistir a su pérfida satrapía.