¡Estamos buenos!

Para algunos diarios españoles y no españoles, el Vaticano es, por lo visto, el predicador habitual del papa Benedicto XVI a quien por cierto le ha faltado tiempo para rechazar, por medio de su portavoz oficial, una muy desgraciada e injusta comparación llevada a cabo por dicho predicador pontificio en una de sus prédicas, de los cientos que ha pronunciado en la capilla papal. Es como si llamáramos Gobierno español a un secretario de prensa de la Presidencia del Gobierno, a la hora de citar una muy desgraciada e injusta comparación en una informe periodístico para  Rodríguez Zapatero. Pero el sectarismo anticlerical, lo mismo que el clerical, hace mente-captos a los sectarios.- Por otra parte, los observadores del llamado Observatorio de la Laicidad se han encampanado hace unas horas, entre otras cosas, por la asistencia de autoridades políticas a las procesiones de Semana Santa. Como si fuese la primera vez. Pobre alcaldesa socialista de Jerez de la Frontera, a quien media España vio levantarse con sus concejales, el jueves y el viernes santos, cada vez que pasaba uno de los muchos pasos junto a su tribuna, después de visitar por la mañana a todas las cofradías. Claro que todos los laicistas que han votado -como en el Parlamento de Navarra- o van a votar en el futuro la retirada de los símbolos religiosos de las institucicones públicas, han votado al mismo tiempo, lo digan o no, o van a votar, la consecuente retirada de las instituciones públicas (de sus representantes) de todos los símbolos religiosos o meta-símbolos, como son las procesiones, los templos y cualquier acto de culto, sea o no sea popular. ¡Fuera, pues, todos los políticos, como tales, de todas las procesiones habidas y por haber, y de cualquier lugar o manifestación  de carácter religioso en toda España! Lo que pasa es que los observadores de dicho Observatorio observador no quieren observar que España no es un Estado laico, sino sólo aconfesional, y que el articulo 16 de a Constitución, en el apartado 3, dice textualmente: Los poderes públicos  tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Además, tampoco han observado el artículo, sin número, de la misma Constitución, que reza así: Todos los ciudadanos españoles están obligados a tener sentido común.