El ministro de Justicia, Félix Bolaños, reconoció hace pocos días que no ha habido prácticamente ninguna reclamación acerca de los bienes matriculados por la iglesia en las últimas décadas, cuestión que blandió Pedro Sánchez como una amenaza antieclesial nada más llegar a  la Moncloa.

Se trata de 35.000 bienes -más de 20.000 de ellos lugares de culto-, registrados entre entre1998 y 2015  gracias a una vía que abrió la Ley Hipotecaria de José María Aznar en relación a unas propiedades que la Iglesia sabía eran suyas, pero que nunca había llegado a inmatricular.

Era la respuesta de Bolaños a la diputada de EH Bildu en Navarra, Bel Pozueta, que instaba al Gobierno a poner fin al «expolio sin precedentes» que, según ella,  habría llevado a cabo la Iglesia. Pero Bolaños le contestó que de  los municipios  a los que se les había preguntado sobre la cuestión lo cierto y verdad es que que no ha habido prácticamente ninguna reclamación.

Hacía así también  borrar el ministro su error de hace dos años, cuando, en una filtración a la presa adicta,  achacó a la Iglesia la inmatriculación indebida de 1.000 bienes, cuando lo correcto era lo contrario: justamente la Conferencia Episcopal había descubierto que el Estado le había adjudicado por error esos bienes, y el cardenal Omella, presidente de la Conferencia había invitado a su sede al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -24 de enero de 2022-, para presentarle el resultado del estudio.

Bien está lo que bien acaba.