Tras la primera entrega de Para dar luz, volumen que recopilaba la normativa de prevención y actuación vigente en la iglesia, publicado en junio pasado, la Conferencia Episcopal Española acaba de editar otros cuatro volúmenes, de 1.300 páginas en total, con este mismo título. Una macrosíntesis del Informe resultado de la auditoría del bufete Cremades&Calvo Sotelo y de la del Defensor del Pueblo, cruzando datos, analizando las recomendaciones en materia de justicia y prevención, y traducíéndolas en medidas concretas que adoptar. El cuarto volumen, que se edita pero no se publica, recoge todos y cada uno de los casos registrados hasta la fecha por diócesis y congregaciones por cualquier vía que hayan llegado; cada uno con su ficha en la que se detalla si la denuncia está probada, no probada, no probada pero verosímil, falsa, infundada, etc.
Son 806 casos hasta hoy, 413 en diócesis y provincias eclesiásticas; 369 en institutos religiosos, 13 en el seno del Opus Dei y un caso en institutos seculares. De todos ellos, 205 estarían probados completamente por ahora. Solo se reconocen tres casos falsos.
El episcopado español hace suyas las recomendaciones recibidas y, entre sus propósitos, destacan: 1) mejorar el proceso de selección y formación de los aspirantes al sacerdocio; 2) dotar de mayores recursos a las oficinas de atención a las víctimas; 3) centralizar los esfuerzos en la coordinación de la sede de la Conferencia, a fin de homogeneizar las medidas que adoptar.
La auditoria Cremades, que contabiliza en su Informe 1.302 denuncias, con evidentes errores en el método, propone una Comisión independiente sobre reparación integral; otra Comisión de protección responsable del seguimiento y evaluación de todas las medidas contempladas en el mismo Informe, y con un equipo coordinador en cada diócesis. Además de un fondo creado por la Conferencia Episcopal y la Conferencia de Religiosos, dotado inicialmente con 50 millones de euros, con indemnizaciones valoradas entre 6.000 y 100.000 euros La cifra está más o menos en línea con lo decidido anteriormente por la Conferencia Episcopal y con el fondo estatal recomendado por el Defensor del Pueblo.