Sigue la polémica, que algunos la elevan incluso a la de Iglesia-Estado, a raíz de algunas manifestaciones cardenalicias en la celebración de la familia cristiana, en Madrid, el pasado día 30 de diciembre. Aunque las causas y los pretextos son muchos, me importa ahora apuntar, en lo que a la jerarquía eclesiástica española atañe, cierto heredado estilo de rigidez, de condena y hasta de conminación en el mensaje evangélico que, dejando a un lado la buena voluntad de los eclesiásticos, es más propio de Juan el Bautista que de Jesús de Nazaret, más de tiempos preconciliares que posconciliares. Y por parte del actual gobierno de la Nación, el error histórico de empeñarse en llamar matrimonio a la unión estable y legalizada de los homosexuales, con todo lo que eso significa en el ámbito social y moral, junto con el error de ser excesivamente permisivos con los abusos y extralimitaciones de la ley del aborto, mientras algunas de sus voces siguen pidiendo una ley de plazos (más aborto libre todavía) incluso tras los horrores cometidos en fechas recientes por ciertas clínicas de Barcelona y Madrid. Error es que un cardenal declare en la susodicha celebración cristiana un retroceso de los derechos humanos en España y otro nos amenace con la disolución de la democracia, y todo por culpa del gobierno. Como error de éste es afirmar y defender a cada paso la protección y la extensión de los derechos humanos en estos dos casos. No. Nadie tiene derecho a llamar matrimonio a una unión homosexual. Ni nadie tiene derecho a abortar cuando mejor le parezca a la mujer o a una pareja. En ninguna tabla, en ningún código universal de derechos del hombre están (tienen para eso cualificación moral suficiente) esos presuntos derechos españoles.