¿Volvemos a los fraudes cometidos en las elecciones del Frente Popular, en febrero de 1936? ¿O, incluso, a los tiempos, ya proverbiales, de Romero Robledo, cuando era ministro de la Gobernación., en los primeros años de la Restauración?

El telediario que acabo oír esta noche en tres cadenas, para asegurarme bien, me obliga a hacerme esas preguntas. Además de los casos de compra de votos en Melilla, Albudeite, Mojácar… parece que se vislumbran varios más en varias provincias. A todo lo cual se añade la acusación judicial formal de un secuestro contra el tercer hombre del PSOE andaluz, así como la retirada por la Junta Electoral de una candidata  de Bildu en Guipúzcoa, por no haber cumplido aún los años de inhabilitación (Descuido de la Fiscalía General del Estado, que dio por jurídicamente bueno todo el catálogo de candidatos bildutarras).

¿Qué garantías cívicas y éticas se exige, desde hace mucho tiempo, a los nuevos inscritos -no digo militantes- de los partidos políticos en España? Ninguna. Basta una firma de otro inscrito, que puede ser tan pillo como él.

¿Qué han hecho los partidos, especialmente el PSOE y el PP, los dos partidos del gobierno durante los últimos años, para corregir la ley electoral y  evitar la vieja corruptela de la compra de votos, cuando, como en el caso de Melilla, era un secreto a voces, un delito a la luz del día?  ¿O les iba bien a los dos?