El nuevo caso de corrupción en el PSOE, llamado Tito Perni o el mediador, arrecia  cada día en las Islas Canarias y en toda España, y promete dar nuevas alegrías de morbo a todos los medios informativos. Adviene en las antevísperas de las elecciones, cuando aún estamos ojipláticos con la petición del fiscal de 15 años de prisión para un ex ministro del PP, en el llamado caso Kitchen (años 2013-2014),  y cuando aún tenemos vivo el caso de los ERE en Andalucía,  mientras comparece ante el juez por otro caso de corrupción antigua, la dirigente de Junts per Cat, y ex presidente del Parlamento catalán, Laura Borràs.

Toda una nueva estampa, una más, de un país con corruptos y corruptores.

Pero lo que podía ser una ocasión de arrepentimiento y de renovación común, deviene  habitual negación de responsabilidad de los acusados, tibieza en sus partidos a la hora de hacer autocrítica y propósito de enmienda, y sobre todo esa manía de proyectar sobre el adversario político parte del mal o todo el mal propio, sin llegar nunca a un programa común de regeneración  moral y política. Seguimos sin aprender de tamaños escándalos, porque no hay verdadera asunción de responsabilidades, y solo se intenta responsabilizar al adversario-enemigo, en una España, donde parece que la única moral pública, cuando existe, es la del mero derecho penal.