¿Qué sucedió para que las continuas reclamaciones a la Iglesia por la falsa inmatriculación de los templos, santuarios, ermitas, casas episcopales y parroquiales, etc., por parte de ciertos partidos políticos y por el mismo Gobierno del PSOE hayan enmudecido o casi, y que el alcalde «compromisista» de Valencia o los sucesoress del alcalde podemita de Zaragoza o del socialista de Córdoba hayan dejado de airear la cantinela de que las catedrales respectivas eran suyas?  Todos pensábamos que la pandemia de la Covid-19 había enterrado provisionalmente una cuestión, al fin, secundaria. Pero la lúcida y comprometida revista VN se ha enterado mejor y nos ha informado puntualmente.

Resulta que, cuando en la comisión técnica correspondiente, formada el año pasado, los representantes del Gobierno Frankenstein  –Rubalcaba dixit– insisitían una y otra vez para que la Iglesia declarara que muchos de los  templos y ermitas pertenecen al pueblo y dejaban entrever una futurible desamortización, los obipos allí presentes lanzaron de manera cordial  un órdago: aplicar de verdad el modelo francés. Pero con todo lo que implica en materia de gastos. Si la Administración se responsabiliza de su mantenimietno, y se permite a la Iglesia seguir ejerciendo su labor pastoral en estos espacios, adelante.

Los representantes del Gobierno no se esperaban tal propuesta. Y en unos segundos descartaron tal posibilidad. Según fuentes eclesiales, solo en el año 2018, las diócesis destinaron 53,3 millones de euros a 404 proyecos de conservación y rehabilitación del patrimonio. Toda la actividad en este ámbito cultural se cifra en  un impacto total en el PIB de España de 22.620 millones de euros, y llega a a aportar una contribución a la economía social de más de 225.000 empleos de manera directa, indirecta e inducida.