Al presentar el informe tras el Consejo de Ministros, el pasado 16 de febrero, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, reconoció que se ha llevado a cabo un trabajo prolijo y riguroso que no contiene ningún desfase, según avala el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España en 3. 431 páginas que analizan, una a una, las 34.961 propiedades de diócesis, congregaciones y otras entidades eclesiásticas: No se puede concluir que existan inmatriculadas fincas a favor de la Iglesia sin mediar el necesario título material a su favor. Se trata  de 20.014 templos y dependencias vinculados a ellos, y de 14.947 espacios que corresponden a viviendas, locales, parcelas, solares, bosques, granjas, cementerios… El portavoz de los obispos, Luis Argüello, que ha trabajado con Calvo en la Comisión técnica conjunta, declaró: Nos agrada que el Gobierno reconozca que la Iglesia ha seguido la legalidad. La Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo. Muchos de estos bienes, comenzando por las 100 catedrales, forman parte del patrimonio histórico español, afectos a un régimen muy especial, por ser bienes de titularidad privada pero de utilidad social.

Antes de que la vicepresidenta afirmara el derecho de poder reclamar ante esa legalidad alguno de esos bienes, Argüello ya lo había afirmado: Si alguien viniese con mejor derecho, cada institución de la Iglesia que haya inmatriculado está dispuesta a a hacer esa revisión, si el derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo piden. Ya, después de cada matriculación se dieron dos años de plazo para las posibles reclamaciones. Pero la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica, Recuperando, ha  arremetido contra el Gobierno, considerando un absoluto insulto y una gran trampa tener que reclamar las propiedades por vía judicial. Contra el Gobierno del PSOE, partido que en uno de sus juveniles arrebatos anticlericales, oliendo que asaban carne, reclamó en 2017, a través del Congreso de los Diputados, una auditoría a los bienes registrados durante los años 1998 y 2005.