El Gobierno va a aprobar próximamente una normativa buscando la reparación integral de las víctimas de la Guera Civil y de la Dictadura, reconociendo también a las personas que sufrieron persecución o violencia por creencias religiosas. Como era de suponer, esta vez de nuevo el Gobierno juega con ventaja: olvida o quiere olvidar las víctimas de la sangrienta insurrección de octubre de 1934, de todas las insurrecciones anarquistas desde 1931 a 1934 y de mil actos de violencia anteriores al 18 dejulio de 1936.

En el título preliminar del anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el último 15 de septiembre, se escribe que es objeto de la ley el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual en ese tiempo. Podrán así ser reconocidos a títuo personal los católicos perseguidos y asesinados por su fe, pero no la I glesia como institución, ya que solo se incluye en tal reconocimiento a los partidos políticos, sindicatos, minorías étnicas, asociaciones feministas de mujeres, instituciones educativas y agrupaciones culturales represaliadas por la Dictadura. ¡Como si muchos de esos católicos perseguidos y  hasta asesinados no lo hubieran sido solamente por pertenecer a  la Iglesia católica!

Según un censo oficial, conservado en el Santuario de la Gran promesa de Valladolid, 4.352 prelados, sacerdotes y seminaristas, y 2.514 religiosos y religiosas, a los que hay que añadir unos 3.000 seglares, fueron asesinados en ese tiempo. En  toda la historia de la Iglesia universal-escribe el obispo Antonio Montero, el primer biógrafo de la persecución religiosa en España- no hay un solo precedente, ni siquiera en las persecuciones romanas, del sacrificio sangriento, en poco más de un semestre, de doce obispos, cuatro mil sacerdotes y más de dos mil religiosos.