¿Dónde quedan aquellas invectivas de Pedro Sánchez contra la Iglesia, que encendían en cada uno de sus mítines el fervor de sus oyentes y arrancaban los aplausos más prolongados? Por ahora, parecen lejanos y no se han repetido hace tiempo. Por ahora.
Lo cierto es que entre las 370 medidas para España de su Propuesta abierta para un Programa Común Progresista, sólo la número 222 nombra expresamente a la Iglesia, y anuncia que el PSOE y sus socios gubernamentales recuperarán los bienes matriculados indebidamente por aquélla y llevarán a cabo una revisión de las operaciones basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros.
Ni una palabra, ni una mención a la otrora cacareada denuncia de los Acuerdos Santa Sede-Reino de España. Ni a la revisión de la fiscalidad, como las exenciones del IBI, que la Iglesia comparte con otras instituciones sociales, culturales, políticas y depotivas. Ni al tanto por ciento a favor de la Iglesia en la declaración de la renta. Ni a la reiterada propuesta de sacar la asignatura de Religión de la escuela pública o de poner coto a la presencia y extensión de la educación concertada, como nos amenazan hace tiempo en varias Comunidades Autónomas y Forales, entre ellas Navarra, y hasta cumpliéndolas algunas veces.
Lo que sí propone el secretario general del PSOE es la aprobación de una ley sobre Libertd de conciencia, para la que anuncia, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, el estudio de la incidencia de la intolerancia religiosa así como un seguimiento de su evolución, estableciendo medidas para su prevención y erradicación. Aquí sí que puede preverse una cierta legislación laica, cuando no laicista, que podría explicar el silencio sobre otras cuestiones concretas en relación con la Iglesia. Llama la atención que se hable de colaboración con organizaciones de la sociedad civil y no se cuente con la Iglesia católica y con otras Iglesias a la hora de estudiar la libertad de conciencia y la intolerancia religiosa. Y que no se hable de otras intolerancias, por ejemplo de la intolerancia antirreligiosa, bien patente en muchas ocasiones, para no citar la creciente y amenazante intolerancia política.
Hay otras medidas del Programa Común Progresista, que confrontan o coinciden con otros puntos de la doctrina católica, como pueden ser, por una parte, la eutanasia, y, por otra, los vientres de alquiler, pero esas no atañen a la Iglesia como institución y cuerpo social.
Los tiempos electorales suelen ser tiempos de señuelos de complacencia y seducción, y no agotan ni mucho menos, como tenemos ya muy comprobado, la intenciones reales de un partido, y menos las de un conjunto de partidos, casi todos ellos poco propicios a tener buenas relaciones con la Iglesia. Veremos lo que da de sí ese Frente Común Progresista de todos los progresos habidos y por haber.