De la Administración Biden nos llega la buena noticia de la búsqueda  de un gran pacto social que asegure que las grandes compañías contribuyan  del modo más justo a las arcas públicas. Algunos países europeos, como Francia y España, acaban de aprobar un impuesto sobre servicios digitales, la conocida tasa Google, para gravar más y mejor a las empresas tecnológicas, que pueden trasladar sus activos intangibles a países con fiscalidad más favorable. La Comisión Europea ha celebrado la iniciativa norteamericana y ha emplazado al gobierno de los Estados Unidos de América a cerrar un acuerdo próximo en el seno de la OCDE, donde se negocia desde hace una década un marco global tributario adaptado al entorno de la economía digital, que evite la trasferencia por las grandes multinacionales de sus bases imponibles a jurisdicciones fiscales más laxas. Con Trump el acuerdo se había hecho imposible.

Incluso el FMI (Fondo Monetario Inernacional), guardián de la ortodoxia liberal, ha propuesto la creación de un impuesto  temporal de solidaridad a fin de que las rentas más altas y las empresas beneficiadas durante la pandemia contribuyan a pagar la factura de la crisis. Un capitalimo decente no puede oponerse a un fin tan justo como es tener unos sólidos servicios públicos  que generen una sólida cohesión social.